La exalcaldesa de Mogán y diputada del PSOE, Onalia Bueno, ha reclamado la destitución inmediata de varios cargos en Puertos Canarios tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que afecta al puerto deportivo de Puerto Rico.
La sentencia que da la razón a Mogán
El TSJC ha rechazado la postura defendida por Puertos Canarios, el organismo autonómico encargado de la gestión portuaria, y ha reconocido que el Ayuntamiento de Mogán posee un interés legítimo e institucional para intervenir en todas las actividades relacionadas con la explotación del muelle deportivo de Puerto Rico.
Este fallo judicial supone un respaldo claro a las reivindicaciones del consistorio, que ha denunciado irregularidades en la gestión del puerto y una falta de transparencia por parte de Puertos Canarios. La sentencia ratifica que el municipio debe ser tenido en cuenta y participar en la toma de decisiones sobre el uso y control de las instalaciones portuarias, especialmente en lo que afecta al ámbito deportivo y turístico.
Onalia Bueno reclama cambios en la dirección de Puertos Canarios
Ante esta resolución, Onalia Bueno ha solicitado la dimisión o el cese de los responsables de Puertos Canarios que, según ella, han incumplido sus funciones al ignorar los derechos municipales y obstaculizar la colaboración institucional. Bueno sostiene que la gestión actual ha generado conflictos innecesarios y perjudicado la imagen y el desarrollo del puerto de Puerto Rico.
Asimismo, la diputada socialista ha subrayado la importancia de establecer un modelo de gobernanza transparente y participativo, en el que se garantice la implicación activa de los ayuntamientos afectados y se respeten sus competencias legales. Para Bueno, la sentencia del TSJC debe servir como un punto de inflexión para corregir las prácticas equivocadas y evitar futuras controversias.
Contexto y repercusiones para el puerto deportivo
El puerto deportivo de Puerto Rico es una infraestructura clave para el municipio de Mogán y para el turismo en Gran Canaria. Su explotación adecuada influye directamente en la economía local, el empleo y la oferta de servicios para residentes y visitantes.
Durante años, han existido tensiones entre el Ayuntamiento de Mogán y Puertos Canarios en torno a la gestión del muelle, especialmente en cuanto a concesiones, control de actividades y cobro de tasas. La resolución del TSJC pone fin a una disputa judicial que ahora abre la puerta a una mayor colaboración institucional y a la redefinición de competencias.
El futuro de la gestión portuaria en Canarias
Este caso refleja las complejas relaciones entre organismos regionales y municipios en la administración de infraestructuras estratégicas en Canarias. La sentencia del TSJC marca un precedente importante para que se respeten los derechos de los ayuntamientos ante las entidades regionales y se fomente un trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.
Onalia Bueno se ha comprometido a seguir impulsando iniciativas parlamentarias para garantizar una gestión más eficiente, transparente y participativa en Puertos Canarios, defendiendo siempre los intereses de los municipios y sus ciudadanos.